El derecho a la vivienda debe estar garantizado, pero no a costa de quienes generan riqueza
En el artículo 47 de la Carta Magna española, se declara sobre el derecho a la vivienda que:
todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
Es un derecho inalienable, que los padres de la constitución incluyeron en un texto que recogía las normas fundamentales de derecho y deberes de los españoles o de las personas que residan en España.
Pero la pregunta es: ¿Dónde se debe ejercer ese derecho? ¿Dónde se tiene que promover el derecho a poder tener una vivienda digna y adecuada?
El problema que nos encontramos es que las urbes más grandes de Europa, y España no es ajeno a esto, tienen cada vez más habitantes, y la oferta de inmuebles tanto para comprar como para alquilar es bastante escasa, mucho más que la demanda. Es por ello que el precio de la vivienda en estas grandes ciudades se ha disparado. Esto no llegaría a ser grave en tanto que los sueldos estuviesen acorde con el precio de la vivienda, pero lamentablemente no es así.
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Los políticos deben ser los que tomen decisiones respecto a la vivienda.
La constitución dice:
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación
Por tanto son los Poderes Públicos los que tienen que hacer valer este derecho de los ciudadanos. Pero, ¿quiénes son los poderes públicos? Realmente con la actual normativa, los únicos que tienen el poder hacer cumplir este derecho son los Ayuntamientos. Estos tienen que poder regular el uso del suelo para favorecer el derecho a la vivienda sin que genere especulación. Es cierto que las Comunidades Autónomas tienen que ratificar esa regulación ya sea ratificando un posible PGOU, o un cambio de uso de suelo. Y el Gobierno central debe establecer las normas de aplicación.
¿Cuál sería la solución?
1 – Liberar Suelo para uso residencial.
El principal problema de la vivienda es el encarecimiento del suelo.
Los ayuntamientos tienen en todo su municipio terrenos que, por distintas condiciones están actualmente sin urbanizar. El problema es que esos terrenos siempre suelen estar lejos de las ciudades, en lugares que habitualmente se han usado para Polígonos industriales o para otros usos.
Los ayuntamientos licitarían este espacio público para uso privado de forma que las empresas promotoras puedan acceder a construir sus viviendas en suelos con precios muy bajos, a cambio de regular el precio de la vivienda a ciertos valores. Otra opción es que el Ayuntamiento cree su propia empresa promotora que se encargue de realizar estos trabajos, garantizando que no habría especulación.
La distancia al centro de la ciudad no sería un factor limitante si se estableciesen las condiciones necesarias de transporte para que una persona que pueda vivir en un residencial en la periferia de una ciudad pueda llegar en el menor tiempo posible. Por tanto aquí tenemos el segundo punto de la solución:
2 – Acondicionar transporte público
Imagínense que se consigue liberar suelo que está a 7 kms del centro de una ciudad de 400 mil habitantes, y se construye un residencial Publico / privado que hubiese espacio tanto para vivienda subvencionada por el estado y por los ayuntamientos, como para aquellas viviendas sin subvención. Se construiría un gran residencial con multitud de servicios destinado a poder tener una vivienda digna.
Uno de esos servicios debe ser el transporte público. Se debe garantizar un transporte público de garantías suficiente para que los habitantes de ese residencial puedan viajar al centro de la ciudad en el menor espacio de tiempo. Para ello el transporte debe ser subvencionado, ya que ninguna empresa licitaría esta línea, debido a que en un principio sería deficitaria. Por ello es conveniente que los Consistorios se impliquen en este factor importante.
3 – Promover servicios en los residenciales.
Este residencial que hemos imaginado puede llegar a convertirse en una ciudad Dormitorio, como pueda ser el ejemplo de Getafe, o de Alcorcon con Madrid. Pero para poder atraer a los ciudadanos a adquirir una vivienda en estos lugares, estos deben tener los servicios básicos de cualquier barrio, tanto públicos como privados.
Servicios Públicos que debe tener:
- Policía: El residencial no debería tener seguridad privada, ya que debería la propia policía la que debería estar a cargo de la vigilancia. En el caso que el residencial se construya con control de accesos, entonces si que es la propia comunidad de propietarios la que debe contratar la seguridad privada.
- Sanidad: Dependiendo de los habitantes que pueda haber en ese residencial, es necesario un servicio de asistencia sanitaria de calidad. Obviamente no se podría tener un consultorio médico con un número muy bajo de habitantes, pero si garantizar el transporte a los consultorios más cercanos. Y cuando el número de habitantes crezca, crear un consultorio nuevo.
- Suministros: Agua, electricidad y gas deben ser los suministros básicos que deben tener los ciudadanos, pero también teléfono e internet. Su contratación sería privada aunque las instalaciones serían públicas, de forma que los distintos operadores puedan abaratar costes.
- Zonas verdes y parques cuidados: es algo básico si se quiere atraer a jóvenes al residencial.
- Escolarización y guarderías: Si bien es cierto que no se pueden tener guarderías, institutos o colegios por el número de habitantes, si que se debería disponer de un servicio público de transporte exclusivo para estudiantes, con monitores que se encarguen de ellos y den tranquilidad a los padres, facilitando la conciliación.
Servicios Privados que debe tener:
- Supermercados: para no tener que coger el coche o un autobús para realizar las compras necesarias para la familia.
- Bares y restaurantes:
- Peluquerías
- Clínicas privadas (clinicas dentales…)
y cualquier servicio que se nos ocurra.
Es cierto que atraer la inversión privada de negocios en estos residenciales es muy difícil, a menos que encuentren incentivos para poder hacerlo:
- Exención de impuestos.
- Compra de locales o alquiler más baratos.
- Contratación de personal subvencionado (haciéndose cargo el Ayutamiento de los seguros sociales).
- Ayudas para la contratación de suministros (electricidad, gas y agua…).
Errores que no podemos caer con la vivienda.
El Artículo 47 de la Constitución establece el derecho a la vivienda, pero no el lugar donde se debe ejercer ese derecho. Siempre digo que cuando tengamos dudas con algo vamos a cambiar a poner este mismo problema en otro sector.
Imaginad que el automóvil pudiese ser un derecho. Todo el mundo tiene derecho a tener un automóvil. Pero, ¿Qué automóvil? Aquella persona que ha estudiado, se ha esforzado y tiene un trabajo que le permita tener un coche de gama alta obviamente no debería tener ningún tipo de subvención sobre el automóvil. Pero aquel que no tenga ingresos, tampoco debería tener dicha subvención sobre el coche de gama alta. Porque el derecho al coche sería un derecho fundamenta, para poder moverse y viajar. Por tanto el subvencionado sería el coche más pequeño, un turismo utilitario.
Obviamente es una exageración que nunca se llevaría a la práctica, pero de la misma forma, no se puede garantizar el derecho a la vivienda en sitios donde la vivienda tenga ciertas tensiones de mercado.
Las personas que no quieren estudiar ni trabajar es totalmente respetable. Vivir con un ingreso mínimo vital. Pero no debe pretender una persona que no quiere estudiar ni trabajar, vivir de la misma forma que aquellas personas que se han esforzado estudiando (social, personal y económicamente), que se esfuerzan cada día trabajando y que pagan sus impuestos para que que en la Comunidad se puedan tener los servicios adecuados.